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Este protocolo es una guía técnica del Ministerio de Salud Pública de Uruguay diseñada para que los equipos de salud realicen una prevención, detección y atención integral de la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes (NNA). El documento define la violencia sexual como una grave violación de los derechos humanos y un problema de salud pública que requiere un abordaje interdisciplinario y en red para mitigar sus consecuencias físicas, psicológicas y sociales a largo plazo.
El abordaje se divide en cinco etapas que comienzan con la promoción de vínculos saludables y la detección mediante indicadores clínicos y el relato del NNA. La detección es compleja, ya que a menudo no existe un pedido de ayuda explícito y el examen físico suele ser normal; por ello, el relato espontáneo se considera un indicador de alta especificidad que debe registrarse de forma textual y sin interpretaciones.
La valoración del riesgo y la respuesta de primera línea son cruciales para garantizar la seguridad inmediata. El personal sanitario debe identificar a un Adulto Referente Protector (ARP) que no sea el agresor, realizar profilaxis de infecciones de transmisión sexual y VIH (idealmente en las primeras 72 horas) y evaluar la interrupción voluntaria del embarazo si corresponde. La hospitalización se reserva para casos donde el NNA convive con el agresor o no tiene un ARP que garantice su protección.
Finalmente, el seguimiento y seguimiento interinstitucional buscan el cese de la violencia y la reparación del daño psíquico. El protocolo subraya la obligatoriedad de la denuncia institucional ante situaciones detectadas, enmarcada siempre en una estrategia de protección que evite la revictimización y priorice el interés superior del niño y su autonomía progresiva.
